El Comando Con Venezuela denunció que funcionarios de seguridad del régimen de Delcy Rodríguez impidieron a los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch ingresar a la residencia del abogado Perkins Rocha en Caracas, donde permanece bajo arresto domiciliario desde febrero. La organización política difundió la denuncia a través de redes sociales, identificando a ambos parlamentarios europeos como las nuevas personas afectadas por las limitaciones de acceso al domicilio del dirigente de Vente Venezuela, quien continúa sometido a medidas judiciales tras su detención en agosto de 2024.
La plataforma vinculada a María Corina Machado reclamó el levantamiento inmediato de las restricciones y exigió la libertad del asesor jurídico, cuestionando la base legal de las medidas. Este nuevo incidente ocurre apenas un día después de que María Constanza Cipriani, esposa del abogado, denunciara que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana habían recibido instrucciones para impedir el ingreso de visitantes. Cipriani presentó la boleta judicial de su esposo y cuestionó la ausencia de fundamentos legales para restringir el acceso a una propiedad privada.
La defensa de Rocha acudió al tribunal encargado del proceso penal y, tras conversar con el juez José Antonio García Morán, aseguró que no existía ninguna decisión judicial que prohibiera recibir personas en el domicilio. El miércoles también se registraron reclamos por las dificultades para acceder a atención médica especializada, con Cipriani denunciando que la presencia policial estaba afectando la vida cotidiana de la familia y expresando preocupación por la salud de su esposo.
Pese a las limitaciones, la dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación que participa en conversaciones políticas con el chavismo, consiguió visitar al abogado el miércoles por la tarde. Después de reunirse con Rocha y su esposa, reclamó que cesaran las acciones intimidatorias contra sus familiares, representantes legales y visitantes, denunciando lo que considera un abuso de autoridad sin respaldo legal.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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