La cantante colombiana Shakira confirmó oficialmente el jueves 12 de noviembre, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que regresará a Venezuela en 2027 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El anuncio llegó a través del cartel promocional de la productora Fénix Entertainment, que presentó una nueva etapa de conciertos programada para Latinoamérica. Aunque la noticia había circulado previamente entre seguidores, fue la propia intérprete quien la difundió desde su perfil verificado, despejando cualquier duda sobre su participación en el evento.

El cartel compartido por la barranquillera muestra su imagen durante una presentación, acompañada del nombre de la gira y la inscripción Latinoamérica 2027. En la imagen aparecen seis destinos seleccionados para esta nueva etapa del espectáculo: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. La productora Fénix Entertainment había adelantado previamente los países incluidos en el recorrido mediante una publicación en Instagram con el mensaje "¡PREPÁRATE PARA LO QUE VIENE!".

Este anuncio representa un acontecimiento significativo para Venezuela, pues marca el regreso de una de las figuras más reconocidas de la música latina tras una ausencia de casi 16 años. La última presentación de Shakira en territorio venezolano ocurrió el 27 de marzo de 2011, cuando ofreció un concierto en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, como parte de su gira Sale el Sol World Tour. Desde entonces, sus seguidores venezolanos aguardaban una nueva oportunidad para verla sobre el escenario.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y ha recorrido distintos escenarios internacionales. El espectáculo combina canciones de su producción discográfica de 2024 con temas que marcaron su carrera a lo largo de los años, entre ellos "Antología", "Ojos Así", "Hips Don't Lie" y "Waka Waka". Esta será una oportunidad para que los fanáticos venezolanos disfruten nuevamente de la artista después de más de una década.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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El Comando Con Venezuela denunció que funcionarios de seguridad del régimen de Delcy Rodríguez impidieron a los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch ingresar a la residencia del abogado Perkins Rocha en Caracas, donde permanece bajo arresto domiciliario desde febrero. La organización política difundió la denuncia a través de redes sociales, identificando a ambos parlamentarios europeos como las nuevas personas afectadas por las limitaciones de acceso al domicilio del dirigente de Vente Venezuela, quien continúa sometido a medidas judiciales tras su detención en agosto de 2024.

La plataforma vinculada a María Corina Machado reclamó el levantamiento inmediato de las restricciones y exigió la libertad del asesor jurídico, cuestionando la base legal de las medidas. Este nuevo incidente ocurre apenas un día después de que María Constanza Cipriani, esposa del abogado, denunciara que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana habían recibido instrucciones para impedir el ingreso de visitantes. Cipriani presentó la boleta judicial de su esposo y cuestionó la ausencia de fundamentos legales para restringir el acceso a una propiedad privada.

La defensa de Rocha acudió al tribunal encargado del proceso penal y, tras conversar con el juez José Antonio García Morán, aseguró que no existía ninguna decisión judicial que prohibiera recibir personas en el domicilio. El miércoles también se registraron reclamos por las dificultades para acceder a atención médica especializada, con Cipriani denunciando que la presencia policial estaba afectando la vida cotidiana de la familia y expresando preocupación por la salud de su esposo.

Pese a las limitaciones, la dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación que participa en conversaciones políticas con el chavismo, consiguió visitar al abogado el miércoles por la tarde. Después de reunirse con Rocha y su esposa, reclamó que cesaran las acciones intimidatorias contra sus familiares, representantes legales y visitantes, denunciando lo que considera un abuso de autoridad sin respaldo legal.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró dos temblores consecutivos en el estado Zulia durante la tarde del jueves 12 de noviembre de 2026. Los sismos ocurrieron con apenas veinte minutos de diferencia, generando alerta en la región noroccidental del país según los reportes oficiales del Servicio Sismológico Venezolano.

El primer sismo se presentó a las 2:07 de la tarde con una magnitud de 2.6 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 45 kilómetros al sureste de Machiques y 47 kilómetros al sureste de Villa del Rosario, a una profundidad de 19,1 kilómetros, siendo clasificado como un evento de baja intensidad.

Veinte minutos después, específicamente a las 2:27 de la tarde, se registró un segundo movimiento telúrico más intenso con magnitud de 2.9. Este segundo temblor presentó características diferentes, ubicándose a una profundidad superficial de apenas 5,0 kilómetros, con epicentro a 57 kilómetros al suroeste de Machiques y 78 kilómetros al noroeste de Encontrados.

Según los boletines preliminares emitidos por Funvisis, los organismos de gestión de riesgo y las autoridades locales del estado Zulia no reportaron daños estructurales ni afectaciones a la población como consecuencia de estos movimientos sísmicos. Las instituciones continuaban monitoreando la actividad sísmica en la región.

Fuente: El Universal — Ver nota original

La Fiscalía General de la Nación anunció la captura de siete personas involucradas en actividades ilícitas, de las cuales cuatro son funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según la investigación, los implicados reportaron exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, productos que nunca cruzaron la frontera colombiana. Este esquema criminal permitió el ingreso de más de 425.000 millones de pesos a Colombia, dinero que presuntamente tiene origen ilícito proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, que entraba como reintegros por las supuestas exportaciones.

Los funcionarios de la Dian capturados pertenecían a la sede de Ipiales, Nariño, y habrían certificado falsamente las mercancías para respaldar las operaciones fraudulentas. En el esquema delictivo también participaron cinco comercializadoras internacionales que figuraban como las exportadoras legales de los productos, así como una agencia de aduanas encargada de tramitar las declaraciones y documentos que supuestamente respaldaban estas transacciones.

La investigación fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian. Los capturados identificados como representantes legales de las comercializadoras fueron Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza. Los cuatro funcionarios de la Dian detenidos fueron Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.

Las capturas se realizaron en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño, y los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías para continuar con los procedimientos legales correspondientes. Este operativo representa un golpe significativo contra las redes de lavado de activos que operaban en la frontera colombo-ecuatoriana utilizando funcionarios públicos corruptos.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Con la temporada decembrina a la puerta, la profesora de finanzas Claudine Carrero ofrece recomendaciones clave para que las familias venezolanas cuiden su presupuesto durante las festividades de fin de año. La especialista enfatiza la importancia de revisar los ingresos familiares, separar claramente los gastos esenciales de aquellos considerados de placer, y reservar el crédito para necesidades de mediano y largo plazo. Según Carrero, el primer paso es realizar un ejercicio personal y luego familiar para identificar qué motiva realmente el gasto y establecer prioridades claras que orienten las decisiones de compra.

La estrategia propuesta por la especialista comienza con la división de gastos en dos categorías principales. En la primera están los gastos esenciales y primordiales, aquellos que son absolutamente necesarios para la subsistencia del hogar. En la segunda categoría se encuentran el esparcimiento, la recreación y los artículos personales que, aunque deseables, no son indispensables. Carrero recomienda que las familias identifiquen honestamente cuáles son sus gastos necesarios al cien por ciento antes de considerar cualquier otro tipo de gasto, poniendo especial atención a los gastos de placer que tienden a crecer durante la temporada navideña.

Otra recomendación fundamental es planificar con tiempo suficiente para evitar los sobreprecios y el estrés de las compras de última hora. Adelantar algunas compras o prever fondos específicos para la temporada decembrina permite a los hogares optimizar su dinero y tomar decisiones más conscientes. En cuanto al financiamiento, Carrero advierte que las opciones de crédito disponibles en Venezuela funcionan como un arma de doble filo. La especialista sugiere utilizar el crédito solo para inversiones o necesidades de mediano y largo plazo, como la reposición de electrodomésticos indispensables, evitando su uso para cubrir gastos de placer, pues esto tiende a convertirse en una deuda que crece progresivamente.

Finalmente, la profesora enfatiza la importancia de aplicar inteligencia emocional frente a la presión social y comercial característica de la temporada navideña. Esto permite que las decisiones de compra respondan únicamente a las prioridades que cada hogar haya establecido previamente, sin dejarse influenciar por campañas publicitarias o expectativas externas. Estas recomendaciones adquieren mayor relevancia en el contexto actual de Venezuela, donde persiste el debate sobre los ingresos de los trabajadores y la falta de información presupuestaria dificulta la evaluación de mejoras salariales.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las amenazas de Donald Trump de duplicar aranceles a México, afirmando que desde el inicio de 2025 ninguna caravana migrante ha logrado llegar a la frontera norte estadounidense. Según la mandataria, esto ha sido posible gracias a un enfoque de contención humanitaria implementado por el gobierno mexicano, información que fue reportada por agencias internacionales como Associated Press y EFE.

Sheinbaum evitó confrontación directa con el presidente estadounidense a pesar de las amenazas comerciales, enfatizando los resultados obtenidos en materia migratoria. La presidenta subrayó que "desde que llegó el presidente Trump al Gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", demostrando así el control territorial y las políticas de gestión migratoria implementadas por México.

El gobierno mexicano ha dirigido sus esfuerzos hacia la asistencia a migrantes en el sur del país, donde atiende a dos grupos reducidos: uno en Chiapas que disminuyó de 600 a menos de 100 personas, y otro proveniente de Honduras. Estas personas son informadas sobre la imposibilidad de cruzar a Estados Unidos para fomentar su retorno asistido, sin aplicar medidas coercitivas.

Mientras persisten las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre gravámenes comerciales y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum mantiene una postura de diálogo sin confrontación. El gobierno mexicano continúa evitando el uso de la fuerza en sus operaciones migratorias, buscando equilibrar las exigencias estadounidenses con un enfoque humanitario en la frontera sur.

Fuente: El Universal — Ver nota original

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Lideresas indígenas y organizaciones no gubernamentales alertaron durante el foro «Voces Indígenas, Ambiente y Cambio Climático en la Transición Venezolana» sobre las graves amenazas que enfrentan los pueblos originarios de Venezuela. El evento, organizado por Provea, Clima 21 y Wayamoutheri, reunió a especialistas y representantes comunitarios para denunciar cómo el avance de la minería en los estados Bolívar y Amazonas continúa provocando desplazamiento forzado, incremento de la violencia y deforestación acelerada en territorios ancestrales.

Jersy Delgado, periodista indígena warekena, denunció que pese a la prohibición legal de actividades mineras en Amazonas, la Corporación Venezolana de Minería opera en la región reclutando mineros artesanales. La activista cuestionó cómo una corporación estatal puede operar en territorios indígenas sin conocimiento de las autoridades, mientras estas responsabilizan exclusivamente a las comunidades por la extracción ilícita. Delgado también documentó asesinatos de líderes piaroa y el desplazamiento forzado de comunidades jivi y hottuja desde la frontera Amazonas-Bolívar, obligadas a migrar por el despojo territorial.

Ana Figueroa, lideresa indígena pemón, denunció que los pueblos originarios fueron completamente excluidos de la consulta previa para la reforma de la Ley Orgánica de Minas aprobada en abril de 2026. A pesar de que las comunidades presentaron sus reclamos ante la Asamblea Nacional, los representantes legislativos rechazaron sus demandas argumentando que la ley ya estaba sancionada. Esta exclusión refleja un patrón de marginación donde los pueblos indígenas son valorados solo por su valor cultural y artesanal, pero ignorados cuando defienden sus derechos territoriales.

Linda Bustillos, investigadora de la Universidad de Los Andes, advirtió que el nuevo marco legal minero y la reforma de la Ley de Hidrocarburos abren una nueva fase de extractivismo que paraliza los procesos de demarcación territorial sin entregas de títulos desde 2014. La situación ha profundizado la violencia de grupos irregulares, ha generado captación de jóvenes indígenas en fuerzas criminales, trata de mujeres y la imposición casi forzada de la minería en territorios desatendidos por el Estado, resultando en la deconstrucción del tejido social de las comunidades.

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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